Madrid, 28 de julio de 2018
Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de Miguel Díaz-Canel, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que el nuevo presidente de Cuba no ha mostrado la más mínima voluntad de rectificación en la conducta represiva del régimen.
Esta etapa inicial, donde debió comenzar a implementarse un programa de gestión del gobierno, ha estado marcada por un continuismo obediente. Especialmente, en materia de derechos y libertades, ha significado un retroceso en el que se han profundizado los métodos represivos y otras formas de acoso y hostigamiento contra la sociedad civil.
Aunque el índice de detenciones arbitrarias se ha reducido circunstancialmente, se aprecia una mutación hacia la “represión de diseño”.
La represión personalizada se estructura a partir de la confección de perfiles psicológicos, del estudio del entorno familiar y laboral, las relaciones personales, los vínculos afectivos de cada individuo, incluidas sus preferencias sexuales, vínculos con la comunidad y red de amigos o personas relacionadas. Siempre ha sido así en las últimas décadas, pero ahora vuelve con intensidad y en forma de chantaje contra los activistas de derechos humanos.
Esta política represiva es implementada por los órganos de la Seguridad del Estado (policía política), que mantiene un riguroso escrutinio sobre las organizaciones pacíficas más activas en el reclamo del respeto a los Derechos Humanos, como son las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En estos 100 días de gobierno, se ha prohibido salir del país a más de veinte personas (contando solo a UNPACU y Damas de Blanco); se ha incrementado el número de presos políticos en 12 nuevos encarcelados. De ellos, tres Damas de Blanco y nueve miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ingresaron en prisión durante los primeros 100 días de mandato de Díaz-Canel.
El caso reciente del biólogo marino Ariel Ruiz Urquiola fue un claro ejemplo. El régimen se encargó de dejar claro que su excarcelación no es una libertad incondicional, sino una licencia extrapenal. Esto significa que la causa sigue abierta y el señor Ruiz Urquiola puede regresar a prisión, en el momento que el gobierno estime conveniente.
El mes de julio ha sido testigo de varias actuaciones de la policía política, que visitó a varias personas que el OCDH había invitado a participar en las formaciones que realiza en Madrid con instituciones españolas. Formaciones que tienen por objetivo el fortalecimiento de la sociedad civil, tal cual se entiende en Europa.
En estas acciones de “prevención o profilaxis”, las autoridades presionaron e intimidaron a los invitados, hasta hacer desistir a algunos. Fueron puestos en la disyuntiva de que, para poder viajar, deberían informar a su regreso a la Seguridad del Estado de todas sus actividades y contactos durante su estancia en Madrid.
El OCDH considera que la situación de derechos humanos en Cuba, durante este periodo, no ha mejorado, ya que el gobierno de Díaz-Canel mantiene intacta la estructura represiva que heredó de su tutor.
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