En el mes de agosto se produjeron en la isla al menos 267 detenciones arbitrarias, casi la mitad contra las Damas de Blanco
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, solicita formalmente a la Unión Europea la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el gobierno de Cuba, debido al agravamiento de la situación represiva en la isla.
"La reunión del próximo 9 de septiembre en La Habana, a la que asistirá la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, debería servir para poner punto final al Acuerdo, debido al incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en materia de derechos humanos, recogidos en dicho acuerdo", exigió el OCDH.
Las autoridades cubanas han violado, entre otros, el título II del acuerdo, que recoge temas relacionados con la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza; así como el título IV, referido al desarrollo social. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra la prensa independiente y los activistas de la sociedad civil y oposición. Esto se contradice no solamente con los estándares internacionales de derechos humanos, sino con las normas establecidas en la nueva Constitución, aprobada sectariamente por el propio régimen.
Federica Mogherini aterrizará el lunes en La Habana en medio de un clima represivo agravado. Solo en agosto se han producido al menos 267 detenciones arbitrarias en Cuba contra activistas y opositores.
Las provincias más afectadas por los actos represivos gubernamentales fueron La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
Además de las detenciones arbitrarias, la red de observadores del OCDH en la isla contabilizó casos de allanamientos de viviendas, citaciones ilegales, prohibición de viajes al extranjero y casas sitiadas, entre otros.
Uno de los casos más graves de agosto se produjo en Santiago de Cuba, con el allanamiento ilegal de morada, la ocupación ilegal de objetos personales, las detenciones arbitrarias y las amenazas a la integridad de activistas pacíficos que sufrieron miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Esto provocó, por parte del OCDH, la interposición de una "acción urgente" contra la República de Cuba y su presidente Miguel Díaz-Canel.
En un despliegue policial sin precedentes, que incluyó armas largas, se allanó de manera ilegal la vivienda de José Daniel Ferrer, sede de la Unión Patriótica de Cuba. Durante el allanamiento, los agentes represivos se apropiaron de bienes propiedad de sus moradores y de la organización.
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