Organizaciones interponen demandas contra el fin del parole que ha beneficiado a miles de cubanos
Mientras, la Administración Trump empieza a enviar notificaciones de la revocación de permisos a los beneficiarios del programa de Biden: 'debes abandonar EEUU ahora.
Las organizaciones Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA, con sede en Maryland, representadas legalmente por el Centro de Acción por la Justicia (Justice Action Center), interpusieron el jueves una demanda en contra del fin del parole humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Según reportó Univisión, el argumento central de la demanda es que la medida viola el debido proceso migratorio al ordenar la expulsión expedita de miles de beneficiariossin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración.
Los demandantes señalaron que la acción se presentó en nombre de sus miembros "a quienes se les concedió la libertad condicional en un puerto de entrada fronterizo, a través de la Operación Aliados Bienvenidos, o que fueron patrocinados por el programa de libertad condicional humanitaria para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV)".
Por otro lado, ocho migrantes de Afganistán, Ucrania, Venezuela, Cuba y Nicaragua, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, lideran una demanda contra la eliminación de los programas Unidos por Ucrania, que permitió la llegada de 200.000 ucranianos afectados por la guerra; el parole humanitario que facilitó la entrada de más de 531.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos; y la Operación Allies Welcome, que brindó refugio a 75.000 afganos tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021.
Según recogió la edición digital de France24, la demanda también incluye a tres ciudadanos estadounidenses que patrocinaron a migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Argumentan que la cancelación de estos programas impacta no solo a los beneficiarios, sino también a comunidades enteras dentro de Estados Unidos.
El parole implementado bajo la Administración de Joe Biden buscaba dar vías legales a miles de migrantes que intentaban llegar hacia Estados Unidos y permitió a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, bajo el patrocinio de alguien que residiera legalmente en el país.
"El parole humanitario ha sido un salvavidas en un sistema que de otro modo sería casi imposible para quienes buscan reunirse de forma segura con sus seres queridos o familiares en Estados Unidos", declaró en un comunicado Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First.
Entre los demandantes hay migrantes que ingresaron legalmente antes de que el Gobierno pusiera fin a estos programas, bajo el argumento de que se estaba haciendo un "uso generalizado y abusivo" de la medida. La Administración de Trump también detuvo la tramitación de solicitudes de asilo, visas y otras vías que podrían haberles permitido extender su estadía.
"No podemos permitir que la Administración Trump nos quite una de las últimas vías viables para la seguridad en este país; una que ha demostrado ser mutuamente beneficiosa para los patrocinadores, los beneficiarios y sus comunidades", añadió Hughes.
En entrevista con France 24, el abogado venezolano Jacinto Vazquez reiteró que quienes "vinieron por este programa de parole humanitario son de países donde las personas huyen, no porque quieren, no porque desean conocer Estados Unidos, sino porque en sus países se presenta una crisis humanitaria, una crisis política o de guerra, como Ucrania".
La decisión de poner fin a las protecciones temporales para estos migrantes ha generado escasa respuesta entre los republicanos, según el medio francés, y citó a los tres congresistas cubanoamericanos de Florida que sí han expresado preocupación y han pedido que los afectados no sean deportados.
Una de ellas, la representante María Elvira Salazar, de Miami, quien, además, respaldó un proyecto de ley junto a unos 200 legisladores demócratas. La propuesta busca otorgar residencia permanente legal a quienes se verían afectados por la medida.
"Su estatus legal dentro de los Estados Unidos está en riesgo porque no podría renovar el permiso de trabajo para continuar su vida cotidiana aquí", agregó el abogado Vazquez.
El lunes 24 de marzo se llevó a cabo en Boston, Massachusetts, la audiencia preliminar de la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Adela de la Torre, subdirectora de Justice Action Center, organización que respalda la demanda, se mostró optimista tras la audiencia. Según explicó, la jueza federal Indira Talwani escuchó los argumentos de ambas partes y formuló algunas preguntas.
"La jueza está considerando todos los elementos del caso", dijo en un video publicado en redes sociales. De la Torre señaló que en los próximos días se conocerá si el tribunal concederá una protección temporal a los afectados.
Sin embargo, el DHS advirtió que quienes estén bajo el parole o protegidos por este programa, pero no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos "deben partir" antes de que expire su permiso. "El parole es, por naturaleza, temporal y no constituye una vía para obtener un estatus migratorio", señaló la agencia.
"Estamos profundamente preocupados por la terminación de estos increíbles programas que realmente mantienen unidas a nuestras familias, que permiten a los patrocinadores con sede en Estados Unidos acoger a personas que huyen de situaciones peligrosas en el extranjero", afirmó Karen Tumlin, fundadora y directora de la ONG Justice Action Center.
La demanda nombra como acusados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; a Caleb Vitello, director interino de ICE; a Pete R. Flores, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y a Kika Scott, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
"Ella (la jueza) indicó que podría decidir rápidamente sobre nuestra solicitud de emergencia para el alivio, algo que se llama una orden de restricción temporal. Sabremos cuando ella decida, y sin duda le actualizaremos aquí. Estaremos de vuelta en Boston para otra audiencia ante este juez el 7 de abril", agregó en redes sociales Tumlin.
Los demandantes critican que, mientras el Gobierno eliminó estos programas de 'libertad' migratoria, argumentando su ilegalidad, también bloqueó el acceso a otros mecanismos de alivio migratorio que el Congreso había garantizado.
También acusan al Departamento de Seguridad Nacional de endurecer las medidas para acelerar la deportación de quienes se beneficiaban de estos permisos. La demanda, presentada el 28 de febrero, cuenta con el respaldo legal de Justice Action Center y Human Rights First.
Inicio de notificaciones del fin del parole
El DHS comenzó este viernes a notificarles la revocación de sus permisos temporales para residir y trabajar en Estados Unidos a los miles de inmigrantes beneficiados con el esquema implementado durante el Gobierno de Joe Biden, publicó Univision.
Según el texto, difundido este viernes por diversos periodistas, el DHS informó a miles de inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que deben "autodeportarse" o enfrentar una posible detención y expulsión.
"Debes abandonar Estados Unidos ahora. Pero no más tarde de la fecha de terminación de tu parole", se lee en el documento enviado a los beneficiarios.
La periodista del diario estadounidense New York Post, Jennie Taer, difundió una copia de estas notificaciones. También lo hizo un corresponsal de la cadena Fox News, al que un vocero del DHS hizo declaraciones.
"El gobierno anterior mintió a Estados Unidos. Permitió que más de medio millón de extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y sus familiares directos, con una investigación poco rigurosa, ingresaran al país a través de estos desastrosos programas de 'parole', les brindaron oportunidades para competir por empleos estadounidenses y perjudicaron a los trabajadores estadounidenses", dijo el portavoz.
En palabras de la fuente, la cancelación del parole humanitario "es un regreso a las políticas de sentido común, un regreso a la seguridad pública y un regreso a la idea de 'EEUU Primero'".
"Si no has obtenido un sustento legal para permanecer en Estados Unidos y no abandonas el país para cuando tu 'parole' haya sido revocado, comenzarás a acumular tiempo de estadía ilegal en el país", añade la advertencia enviada.
Según el texto, al permanecer ilegalmente por más de 180 días, los inmigrantes podrían ser considerados "inadmisibles" al buscar otra forma de solicitar una autorización para regresar al país.
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