El precio de la inmovilidad en Cuba
La negativa a transformar el modelo político y económico acelera una crisis que amenaza con desbordar los márgenes de gobernabilidad.
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Cuba es un país bajo una férrea dictadura desde hace más de seis décadas. La economía cubana, nunca próspera ni sostenible, permanece colapsada desde la desaparición de la Unión Soviética, y sus carencias sistémicas no fueron resueltas con el masivo subsidio de la Venezuela chavista. Ahora, tras la extracción de Nicolás Maduro y la prohibición de importación de petróleo a La Habana por parte de EEUU, los problemas estructurales de la economía y la sociedad cubana afloran y llevan la vida al límite. Esos problemas, que minaron la población durante décadas, haciéndola reducirse en un 24% en los últimos cuatro años —de 11,8 millones de personas en 2020, a alrededor de ocho millones en 2025— según cálculos independientes, hoy se expresan con mayor crudeza y subrayan el desamparo social.
En la semana a reportar, la crisis energética ha reflejado un efecto dominó devastador. El turismo internacional se desploma y apunta a desaparecer. Aerolíneas como Air Canada, WestJet, Air Transat y Sunwing interrumpieron sus operaciones con la Isla, enviando incluso aviones vacíos para repatriar turistas. También cerraron hoteles en lugares clave como Varadero, Cayo Coco y Cayo Santa María. La retirada progresiva de cadenas extranjeras confirma un colapso que no puede explicarse solo por factores externos, y evidencia la enorme fragilidad de la economía cubana.
En todo caso, la ruina del turismo no es solo un problema macroeconómico, es un drama social. La caída del turismo arrastra a proveedores, agricultores, transportistas y familias que dependen del sector. Miles de trabajadores del sector no estatal —hostales, restaurantes, taxis, etc.— también han perdido sus ingresos. Muchos de los que apostaron por el trabajo autónomo ahora se encuentran sin perspectivas.
La falta de combustible aviva la debacle, con apagones de hasta 12 horas en La Habana y prácticamente totales en provincias, paralización de industrias, reducción de rutas de transporte, venta de gasolina en dólares a través de plataformas digitales colapsadas y un mercado negro con precios exorbitantes, donde el litro de combustible alcanza cifras impensables hace semanas. En paralelo, la inflación marca récords. El dólar llegó a 500 pesos en el mercado informal, reduciendo el salario mínimo —2.100 pesos— a poco más de cuatro dólares. El euro supera los 550. Los alimentos básicos suben semana tras semana, y el transporte interprovincial consume mucho más que un salario mensual.
Mientras, el Gobierno responde con consignas y medidas administrativas restrictivas que no atienden las causas reales y generan una nueva cadena de problemas en sectores sensibles como la salud y la educación. El sistema de salud, por ejemplo, trabaja desde esta semana bajo régimen de emergencia y con escasez crónica de medicamentos e insumos. Se han suspendido las cirugías electivas, lo que, según un cirujano cubano entrevistado por DIARIO DE CUBA, genera caos en la planificación por la acumulación de pacientes, ocasionando “una menor capacidad de recuperación posterior, un incremento de cirugías urgentes simultáneas y de jornadas quirúrgicas extensas al regresar a la normalidad”.
La ambivalencia del Estado es evidente: incapaz de garantizar los servicios básicos, se mantiene firme en preservar el control y el restrictivo modelo político. Ante cualquier expectativa de cambio, se resiste a ceder, incluso cuando la supervivencia de la población alcanza límites extremos. Su discurso insiste en la culpa externa y evita reconocer la corrupción, la concentración del poder económico en conglomerados militares y el fracaso del modelo centralizado.
Paralelamente, las cifras de comercio exterior desmontan uno de sus pilares más recurridos: la responsabilidad del bloqueo económico de los EEUU sobre la miseria del país. Como reveló el periodista de DIARIO DE CUBA José Luis Reyes, en un reportaje sobre las compras realizadas por el régimen cubano en EEUU, estas ascendieron a 443.890.858 dólares, entre enero y noviembre de 2025. Solo en alimentos —pollo, arroz, carne de cerdo, leche en polvo— y en vehículos, las compras crecieron el año pasado de manera sostenida. Esta cifra publicada por el Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU, es la mayor en 15 años, y responde a operaciones realizadas bajo excepciones legales al embargo, amparadas en normas estadounidenses vigentes desde 2000.
Ante este escenario, la comunidad internacional oscila entre la retórica humanitaria y el cálculo diplomático. No termina de colocar en el centro del debate la falta de soberanía efectiva del pueblo cubano, la ausencia de libertades, la corrupción estructural, la inoperancia del régimen y la represión. Tampoco ejerce presiones coherentes que favorezcan una transición democrática. Solo las medidas asumidas por Washington, y la respuesta de algunos gobiernos ante sus amenazas arancelarias, movilizan actualmente una posible ruptura en el status quo que ha mantenido el país.
Cuba se sitúa ante el abismo no solo por la escasez material, sino por el inmovilismo del régimen, quien no ofrece otra salida que prolongar su esquema de dominio político, social y económico. Cada día que pasa el costo social aumenta: más pobreza, más desigualdad, más emigración, más desesperanza. El Gobierno parece apostar a la resistencia infinita de una población exhausta y cada vez más vulnerable. Las consecuencias están siendo trágicas, y conducen al momento en que negociar con Washington será un acto desesperado.
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