Transformar la economía o transformar el poder 

Las 176 medidas económicas anunciadas por el régimen cubano ponen en el centro del debate la cuestión impostergable de la transformación del sistema político en la Isla. 

LA SEMANA EN DIARIO DE CUBA JUN 26

LEER EN LA APP

Hombre leyendo en el Paseo del Prado de La Habana (DDC)

Las 176 medidas económicas anunciadas por el régimen cubano la semana pasada han generado un intenso debate sobre las reformas y la naturaleza del sistema que las propone. Esta semana DIARIO DE CUBA publicó la opinión de varios expertos que, desde diversas perspectivas, desmontan la narrativa oficial según la cual el país estaría entrando en una nueva etapa reformista. Para ello no cuestionan únicamente la viabilidad técnica de las medidas, sino también la credibilidad del poderque las anuncia y la estructura institucional que pretende administrarlas.

Una lectura transversal a las reflexiones publicadas arroja ejes de análisis que visibilizan los principales conflictos en torno a esta “reforma”, y las críticas que se han hecho por su falta de autenticidad, coherencia, responsabilidad política y sostenibilidad.

Para el abogado Reimel Ariosa Méndez, en casi siete décadas el régimen ha recurrido a múltiples “actualizaciones” del socialismo, cada vez que el modelo ha entrado en crisis. Cambian los conceptos, se flexibilizan algunas prohibiciones, se ensanchan temporalmente ciertos espacios económicos y se promete un nuevo comienzo. Después, el ciclo vuelve a repetirse.

Esta sería la sexta versión del mismo ejercicio. Cada uno fue presentado como el ajuste definitivo para corregir los errores anteriores y preservar el proyecto político. Pero ninguno consiguió evitar otra crisis, porque mantuvieron las mismas causas estructurales que las generan.

De modo que, para Ariosa Méndez la actual propuesta es “una nueva versión que, si consigue implementarse y sobrevivir a la crisis actual, fracasará como todas las anteriores. Fracasará porque todas las versiones del régimen socialista, con sus múltiples mutaciones, pivotan sobre el mismo defecto de base: la dictadura. Mientras el sistema autoritario cubano no sea sustituido por uno democrático-liberal, sustentado en un Estado de derecho, con separación de poderes, seguridad jurídica, pluralidad política y respeto a los derechos y libertades individuales, los fracasos serán tan cíclicos como las crisis”.

La segunda gran objeción apunta al tiempo perdido. Muchas de las medidas anunciadas ahora pudieron haberse adoptado hace décadas. El economista Orlando Freire Santana recuerda cuando, ante la inminente caída del Campo Socialista, Vietnam emprendía las reformas del Doi Moi, un camino que hoy Miguel Díaz-Canel presenta como referente. También Emilio Morales recuerda otra oportunidad desperdiciada con el deshielo de la Administración Obama, señalando que, si realmente existía voluntad de reforma, aquel era un momento de menor presión externa y mayores oportunidades.

Pero se prefirió mantener un modelo profundamente centralizado, desconfiado del mercado y obsesionado con conservar el control político sobre cualquier espacio de autonomía económica. Que esas mismas medidas aparezcan cuando el país atraviesa la peor crisis de su historia reciente, vive la pérdida acelerada de aliados internacionales y una gran presión de los Estados Unidos, las define más como una estrategia de supervivencia que como una convicción reformista. De ahí la falta de credibilidad que orbita sobre ellas.

Sin confianza no llegan inversiones, no regresan capitales, no aparecen créditos ni proyectos empresariales. Y esa confianza no se decreta.

Apoya a DIARIO DE CUBA con una donación

Durante décadas el Estado cubano incumplió contratos, congeló inversiones, modificó unilateralmente las reglas económicas, limitó la empresa privada cuando comenzaba a prosperar y subordinó toda iniciativa al control político. Por lo que Morales afirma que “ni acreedores, ni inversionistas, ni exiliados, ni cubanos residentes en la Isla creen en las nuevas propuestas anunciadas por Miguel Díaz-Canel. Tampoco sus socios y aliados políticos. El régimen cubano ha quebrado a lo largo de los años la confianza de todos, tiene un abultado expediente de extorsión, chantaje y de mal cumplidor de acuerdos”. Ese historial pesa.

Hay además un elemento sensible en el pronunciamiento del Gobierno: el reconocimiento parcial del fracaso sin asumir ninguna responsabilidad política. No hay autocrítica institucional. No hay rendición de cuentas. No hay reconocimiento del daño causado. Y sin esa aceptación resulta también difícil aceptar que se trata de una verdadera rectificación.

Después de arruinar la economía, las autoridades presentan como novedad la devolución parcial de facultades que antes eliminaron. Y es ahí donde el debate económico se convierte en político. El historiador Dimas Castellanos lo ilustra con un ejemplo concreto, la autonomía municipal. Para él, devolver parcialmente lo que antes fue arrebatado no constituye una transformación estructural. Según plantea, la única salida tiene que “desmontar el sistema totalitario devenido mafioso-capitalista y recuperar las libertades y derechos conculcados a los cubanos.”

El politólogo Juan Antonio Blanco, por su parte, propone una analogía histórica al comparar la discusión con el enfrentamiento entre autonomistas e independentistas a finales del siglo XIX. Entonces la pregunta era si bastaba con ampliar ciertas libertades dentro del dominio español o si el problema residía en quién conservaba la soberanía. Hoy vuelve bajo otra forma: ¿Basta con liberalizar parcialmente la economía mientras el poder continúa concentrado en un único partido y en un conglomerado empresarial como GAESA?

La experiencia internacional demuestra que la prosperidad no depende únicamente de mercados más o menos abiertos. Depende también de instituciones que garanticen seguridad jurídica, protejan la propiedad privada, limiten la arbitrariedad del poder y permitan a los ciudadanos controlar a quienes gobiernan.

Ese es el dilema de estas 176 medidas. No se trata de decidir cuánto mercado puede admitir el socialismo cubano, sino de preguntar quién establece las reglas, quién puede modificarlas y quién responde cuando fracasan. Mientras esas decisiones continúen concentradas en un poder sin contrapesos, cualquier apertura económica seguirá dependiendo de la voluntad de los que hoy las autorizan y mañana las limitan. Por eso las nuevas medidas económicas han puesto en el centro del debate la cuestión impostergable de la transformación del sistema político cubano. Ante lo cual Ariosa Méndez concluye: “Cuba necesita un cambio de sistema, no una nueva actualización del que lleva 67 años sin funcionar. Esto es algo que no solo debemos entender los cubanos, sino también trasladar con claridad al mundo, que constantemente ha otorgado oportunidades y credibilidad a las sucesivas actualizaciones que el PCC ha venido presentando durante todos estos años”.