En vísperas del quinto aniversario del 11J
Omar López Montenegro en el Foro DDC: ‘La represión no es la medida de la fortaleza de un régimen, sino al contrario, la medida de su debilidad’.
Esta semana comenzó con la caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que paralizó Cuba por tercera vez en el año, confirmando que la emergencia energética está en fase crítica. Después de restablecido el SEN, los apagones siguieron como antes, superando las veinte horas diarias en todo el país, con intervalos de servicio de entre una y dos horas.
En su primera semana julio califica como el peor mes en generación eléctrica desde que se tienen registros en Cuba, pues ningún día ha bajado de los 2.000MW dejados de generar, según cifras oficiales. El pasado miércoles 8 de julio, se reportó un déficit de generación máximo de 2.341MW –frente a una demanda de 3.200MW–, que constituyó un nuevo récord histórico. El anterior ocurrió solo cuatro días antes, cuando el déficit ascendió a 2.201MW.
De este modo, el último apagón nacional no puede entenderse como un accidente aislado, sino como una expresión más del agudo deterioro acumulado por una infraestructura incapaz de responder a una demanda mínima, y que opera al límite de sus capacidades. Las consecuencias trascienden el ámbito energético para profundizar la escasez de agua, la crisis alimentaria, paralizar el transporte y otros servicios que afectan la actividad económica del país.
Todo ello exacerba, con razón, el malestar social. Numerosos cacerolazos y protestas continúan documentándose diariamente en la capital y en las provincias. Son expresiones elementales de una sociedad exhausta que reclama aquello que cualquier Estado debería garantizar. La respuesta oficial sigue siendo la misma: represión y uso del sistema penitenciario como instrumento de intimidación.
Operativos policiales son desplegados antes de que comiencen las manifestaciones en zonas de fuerte tensión social. Vecinos han sido detenidos por tocar calderos desde el interior de sus casas. Se ha acrecentado la vigilancia sobre líderes comunitarios, religiosos, opositores y activistas, e incluso las citaciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento a sus familiares. Los manifestantes son acusados de desórdenes públicos o sabotaje mediante procesos marcados por la opacidad y la ausencia de garantías.
Todo ello es continuidad de un proceso de represión permanente que se aplica como respuesta fáctica pero también como política preventiva, para evitar la organización y unidad de una población que ya no se muestra tan obediente. Según apuntó el activista Omar López Montenegro en una entrevista concedida a DIARIO DE CUBA durante el III Foro DDC celebrado recientemente en Madrid: “La represión no es la medida de la fortaleza de un régimen, sino al contrario, la medida de su debilidad. Cuando un régimen está forzado a reprimir, quiere decir que la ciudadanía no está obedeciendo”.
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