El divorcio cubano de la ley con la práctica
LA HABANA, Cuba, diciembre, www.cubanet.org -No hay que ser un experto en asuntos constitucionales, basta una lectura, desde el artículo 72 al 99, para que salte a la vista que en el accionar de la Asamblea Nacional del Poder Popular, desde la primera magistratura, instaurada en febrero de 1976, hasta la séptima, que concluyó el 13 de diciembre, la Constitución de la República ha sido ignorada.
Los dirigentes del gobierno, desde el presidente de la república hasta el último ministro, se niegan a cumplir lo que esta prescripto en la Constitución, y, amparados en una historia que es más personal que institucional, se consideran intocables
Durante los últimos 36 años, el poder legislativo ha sido el responsable de que la actual Constitución sea ignorada, pisoteada y violada por el poder ejecutivo. La Ley de Leyes es un documento desconocido por el pueblo. Hablar en Cuba de Constitución y poder legislativo es un chiste de mal gusto.
Desde que tomaron el poder, hace ya 53 años, los omnímodos gobernantes cubanos creen que gozan de un derecho concedido por la Historia, y por eso consideran que no tienen que rendirle a nadie cuenta sobre sus actos. Parafraseando a Luis XIV, el Estado son ellos.
El ejecutivo, sin brindar explicación alguna, ha cometido infinitas violaciones de la Constitución vigente. Esto quedó demostrado una vez más en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada el pasado 13 de diciembre, en la que el presidente y jefe de gobierno, general Raúl Castro, se limitó a pronunciar un discurso como cierre de la séptima legislatura.
El artículo 99, de la Constitución, establece que “el Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta periódicamente de todas sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular”.
El Presidente de la República no es elegido por el voto popular. Según el artículo 74, de la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular elegir entre sus diputados al Consejo de Estado, integrado por el Presidente, que además es jefe de gobierno, y el Primer Vicepresidente, junto con cinco Vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más, los cuales tienen que rendir cuenta de sus actividades. Pero eso es algo que nunca ha ocurrido.
Durante la finalizada séptima legislatura del parlamento cubano, han sido promulgados decretos leyes por el Consejo de Estado y aprobado decretos por el Consejo de Ministros. Nunca han sido revocados, facultad que refrenda el artículo 75, inciso (r). El presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, y los diputados, durante estos cincos años, no han interpelado a ningún miembro del Consejo del Estado ni del gobierno sobre estos instrumentos legales que contravienen la Constitución.
Los instrumentos legales puestos en vigencia por el poder ejecutivo, y que han sido aprobados dócilmente por el legislativo, están dirigidos a poner término a la fracasada política voluntarista de pleno empleo, aplicada por el anterior gobierno de Fidel Castro. Su propósito es que los trabajadores desempleados encuentren trabajo en el sector de las pequeñas empresas privadas, y se conviertan en lo que el gobierno llama eufemísticamente “trabajadores por cuenta propia”.
Pero el artículo 21, de la Constitución, se contrapone a tales medidas, dado que solo garantiza “la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedente del trabajo propio, sobre la vivienda que se posee, además garantiza la propiedad sobre los instrumentos de trabajo personal, que no pueden ser utilizado para obtener ingresos proveniente de la explotación del trabajo ajeno”.
Si la cosa es así, son totalmente ilegales las licencias otorgadas a los 1 732 dueños de paladares, quienes emplean, como mínimo, a 15 trabajadores. De igual manera, los propietarios de viviendas, que han dedicado 4 288 de sus habitaciones para alquilarlas a turistas extranjeros y nacionales. Algo similar sucede con las 700 casas que están arrendadas a empresarios extranjeros. A ello se suma las miles de cafeterías, pizzerías, heladerías, y negocios de venta minorista en general, donde los dueños de estos establecimientos emplean de cinco a 8 trabajadores.
Si bien es cierto que estas legislaciones se contraponen a la Constitución vigente, hay que reconocer que ellas han posibilitado que cerca de 400 mil personas hayan encontrado trabajo, ya sea como propietarios o empleados contratados en la actividad privada en el sector de los servicios.
Ante esta irreversible realidad económica, para poner orden legal a estas violaciones, los diputados, amparados en el artículo 88, están en la obligación de proponer al parlamento una iniciativa legislativa dirigida a eliminar los artículos de la Constitución que no reconocen la pequeña empresa privada, ni la venta de sus producciones de acuerdo con las leyes del mercado. Eso les daría garantías legales a los pequeños empresarios, que en estos momentos permanecen en un limbo jurídico.
Tal paso abriría la puerta a la modernización del obsoleto e improductivo modelo económico cubano, más dañino que el embargo norteamericano, y mandaría una señal a los inversores extranjeros, en el sentido de que podrían contar con garantías constitucionales para establecer sus negocios en la Isla.
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