¿Examen o farsa?
LA HABANA, Cuba, mayo, www.cubanet.org -En días pasados, Cuba rindió cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es el llamado Examen Periódico Universal (EPU), en el que cada país miembro expone su actuación durante el trienio anterior. En las decenas de páginas de su Informe, el gobierno de La Habana nos muestra en la práctica cómo aplicar la frase alada de Talleyrand: “La palabra se hizo para encubrir la verdad; no para decirla”. El mamotreto resulta ilustrativo, no por lo que expresa, sino por lo que calla.
Sus 165 puntos están consagrados a los llamados derechos de segunda y tercera generación. Ejemplo de ello es su número 7. En él, tras asegurar que “se han adoptado nuevas normas que amplían la base legislativa de los derechos humanos”, se precisa el alcance del concepto: “Entre ellas,… las relativas a la entrega de tierras en usufructo y las referidas a la seguridad social, el empleo y el trabajo por cuenta propia”.
Idéntico enfoque se observa en el Punto 64. Allí leemos: “Se incorporaron a los planes de estudio de la Educación Primaria, Secundaria y Superior los temas relacionados con la igualdad de género, los derechos de la infancia, la sexualidad, el cuidado y preservación del medio ambiente y el desarrollo local y humano”.
Los derechos de primera generación (es decir, las tradicionales libertades civiles y políticas) se olvidan de modo nada casual. Durante más de medio siglo de ejercicio del poder, la propaganda del gobierno castrista ha insistido una y otra vez en la educación y la salud pública; también, aunque algo menos, en el tema de los deportes.
Se trata de la gran coartada esgrimida por los comunistas. Ellos, obviando el creciente deterioro que esas actividades han sufrido en los últimos lustros, actúan como si el carácter gratuito y generalizado de ellas constituyera una justificación para conculcar a los cubanos su derecho a pensar, hablar, reunirse, asociarse y desfilar con libertad.
Página tras página, el flamante Informe alude a los derechos sociales de distintos grupos de ciudadanos. Para colmo, los burócratas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que coordinó la elaboración del memorial, no pudieron resistir la tentación de rebasar el marco insular y consagrar amplias secciones a la colaboración internacional en materia de salud o educación.
Uno no alcanza a comprender cuál es la relación que pueda haber entre la observancia o violación de los derechos humanos en nuestro país y cuestiones tales como el combate al cólera en Haití, el número de extranjeros que se gradúan en Cuba, la independencia de Puerto Rico, el caso de Los Cinco o el reconocimiento a la estadidad de Palestina.
Volviendo a los derechos de primera generación en nuestro Archipiélago, hay que constatar una vez más que los autores del voluminoso informe han optado por no mencionarlos. Las frases relativas a la libertad de opinión y de expresión, o a la de reunión y de asociación pacíficas, ni siquiera aparecen en el extenso escrito.
Lo mismo es válido para el tema de la democracia. El memorial se refugia en las vaguedades, como lo refleja el Punto 5: “El país ha continuado fortaleciendo el carácter democrático de su institucionalidad, con leyes, políticas y programas de clara naturaleza popular y participativa, conforme a las más altas aspiraciones del pueblo”. Como diría el inefable Walter Martínez: Bla, bla, bla.
Tampoco se dice algo concreto sobre la ratificación de los pactos de derechos humanos de la ONU, suscritos por el entonces canciller de la Isla hace más de cinco años. Por el Punto 155 y su correspondiente Nota 117 nos enteramos que estos vitales documentos “están transitando por el análisis y los procesos ordinarios de consultas y conciliaciones con los organismos e instituciones nacionales implicadas”. Para las calendas griegas.
Mientras tanto, un titular en una página interior del diario oficialista Granma del 2 de mayo anuncia: “Masivo reconocimiento a Cuba por garantizar derechos humanos”. Es la peculiar versión del examen que ofrecen las autoridades cubanas. En el texto se asegura que serán atendidas las recomendaciones que el gobierno de La Habana acepte.
Al igual que sucedió durante el anterior EPU, el régimen se reserva la facultad de admitir o rechazar las sugerencias que se le hagan. Algo parecido a si un delincuente se arrogara el derecho a repulsar —digamos— las acusaciones por asesinato, violación y robo, para centrarse únicamente en las multas de tránsito que le han sido impuestas.
Hasta el momento, el flamante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su actividad práctica, sigue defraudando las esperanzas que inspiró al ser creado.
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