La promiscuidad de vivir en un albergue
Sobre las pésimas condiciones de los albergues, nadie responde, ni al telefono, ni ante los tribunales en la República del relajo, mientras, nacen y crecen generaciones de albergados en la peor promiscuidad
lunes, junio 30, 2014 | Reinaldo Emilio Cosano Alén | 0 Comentarios
Fidel Sánchez Abreu, de 54 años, vive hace veinticuatro años en el albergue de la Avenida 37 entre 110 y 112, Marianao, La Habana, desde que se derrumbó su casa el 29 de noviembre de 1990 en el capitalino barrio El Cerro.
Vivir en estos refugios provisionales, para muchos se vuelve eterno, sin esperanzas de mejorar,
Adela Grave de Peralta Escobar, de 64 años, hace 19 años ocupa con su familia el cubículo 3 delAlbergue donde fueron internados tras el derrumbe de su vivienda en El Cerro.
Alberto Sierra, hijo de Adela, abandonó el albergue porque se casó en la provincia Holguín. Diez años después, disuelto el matrimonio regresa a La Habana, “Capital de todos los cubanos”, según el eslogan gubernamental. Pero La Habana le cerró las puertas. No le permiten inscribirse en el obligatorio Registro de Direcciones. Tampoco obtener el obligatorio Carné de Identidad actualizado, acarreándole detenciones por estar “ilegal” en La Habana. No le conceden permiso de trabajo, máxime que la mayoría de los centros laborales son estatales. Ni trabajar por cuenta propia por la misma razón. No tiene derecho a comprar la magra cuota mensual de alimentos racionados que el estado vende por no estar incluido en la Libreta de (des)Abastecimiento. El gobierno no permite a Alberto re-inscribirse como parte del núcleo familiar. ¿Qué delito cometió? Alberto es un No-Ciudadano.
La casa de Cecilia Valdés Estrada se desplomó. Comparten un cubículo Olga, madre de Cecilia; Alejandro, hermano; dos hijas María y Leticia. Los hijos Antonio y Yohandry (de 17 años, con retraso mental, preso). Childrey, sobrina que recién tuvo un bebé y Armando, sobrinos que crió Cecilia al morir su hermana. Ahmed, marido de una de una de las hijas bebé, y el esposo. Cuatro generaciones viven muy apretujadas. No tienen refrigerador. El fogón eléctrico es prestado. Cuando instalaron el gas no lo pusieron por no tener propiedad del inmueble.
Cecilia Valdés Estrada y su familia tienen parecida mala suerte de confinamiento. Hace diecinueve años se les cayó la casa. Conviven en un cubículo, subdividido en tres, Julio, hermano de Cecilia, las hijas María y Leticia. Yoandry, un hijo con retraso mental, preso. Antonio, un sobrino, y Childrey, sobrina que acaba de dar a luz. Cecilia los crió al morir su hermana. Ahmed esposo de Childrey.
Tragedias familiares que se vuelven cotidianas por décadas, agravadas por el colapso de la industria de la Construcción y la abulia gubernamental.
Dayana de León Lugo, de años, fuente de la información, abunda:
“El terreno donde se construyó el albergue era un parque. Por desidia oficial, falto de mantenimiento, se deterioró. El vecindario reclamó reconstruirlo pero el gobierno desoyó. Prefirió edificar doceapartamentos sobre terreno baldío para acoger provisionalmente a personas que perdieron sus hogares por derrumbes, huracanes, incendios”.
“El Estado situó materiales de construcción de calidad, muchos importados con dinero donado por tres ONG extranjeras. Una brigada de constructores comenzó la obra. Pero jefes y peones vendieron la mayor parte o sustituyeron materiales de calidad por nacionales peores en calidad y vender los mejores como lavabos y tazas sanitarias. Tampoco se respetó normas tecnológicas. Ahora repellos y trozos de paredes caen. Los “apartamentos” (que nadie osaría llamar viviendas) quedaron sin paredes interiores. No construyeron techo de hormigón. Sol y lluvia penetran por las planchas de fibrocemento rotas. La edificación quedó a medias, pero el Instituto de la Vivienda entregó así los cubículos, dice De León.
“No hay privacidad. Algunos improvisaron paredes. No existen columnas de sostén del techo. Fregaderos y lavamanos están sin grifos. Las tazas sanitarias carecen de herrajes. Toda el agua hay que cargarla con cubos desde afuera”, dice Alberto Sierra.
Juan Carrillo, director del albergue convocó a los albergados a fines de 2012 para responder las quejas por condiciones pésimas de habitabilidad. Aseguró que recibirían materiales y una brigada de constructores y albergados reconstruiría el inmueble para entregar los certificarlos de Habitable sus Títulos de Propiedad. Semanas después llegó la brigada, pero nada pudo hacerse. Los materiales se esfumaron. O piezas llegaron inservibles, como la taza de baño rota que entregaron a Cecilia. Pero como si nada hubiera pasado. Nadie responde ante los tribunales en la República del relajo, mientras nacen y crecen generaciones en promiscuidad.
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