¿Se le caerá la cara de vergüenza a Raúl Castro?
El pasado congreso del PCC, el gobernante cubano dijo sentirse apenado por los incumplimientos. ¿Podrá decir otra cosa para el próximo congreso?
(Foto tomada de internet)
LA HABANA, Cuba.- Cuando faltan apenas 3 meses para que se inicie el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), vale la pena recordar que Raúl Castro, en su Informe Central al sexto cónclave, celebrado en abril de 2011, expresó: “Lo que aprobemos en este Congreso no puede sufrir la misma suerte que los acuerdos de los anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido”, y agregó que se le caía la cara de vergüenza por ello (Periódico Granma, 17 de abril de 2011), entonces se abre la interrogante sobre el modo en que enfrentará los casi unánimes incumplimientos de los cinco años transcurridos.
En el XIII Pleno del Comité Central del PCC –celebrado el 15 de enero de 2016– se informó que se había realizado una evaluación de los resultados de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y se indicó que en los cinco años transcurridos, de los 313 lineamientos que contiene, solo el 21%, se habían implementado y que se encontraban en proceso el 77%, lo que se puede interpretar como un incumplimiento de las tres cuartas partes de lo acordado.
Es de presumir que, en el evento de abril, el Primer Secretario salga del atolladero utilizando un lenguaje macarrónico, para lo que brinda la oportunidad el hecho de que ningún lineamiento tiene cuantificación, ni fecha de culminación; pero nada podrá ocultar el no alcanzar un cúmulo de metas importantes que se habían divulgado para el período.
La primera se refiere al crecimiento global de la economía, que se había fijado en un incremento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 5,1%, que no se alcanzó en ninguno de los años del quinquenio y cuyo nivel más alto fue el milagroso 4,0% de 2015, antecedido por el pálido 1,0% de 2014 y seguido de la insignificante aspiración de lograr un 2,0% en 2016. Este importantísimo incumplimiento disminuyó los volúmenes de recursos que se podían destinar al consumo y a la inversión, ahondando el deterioro del nivel de vida y retardando la posibilidad de alcanzar la aspiración anunciada por el ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, de lograr un 7% de crecimiento anual que posibilite el desarrollo del país.
En el período se hizo evidente el deterioro del nivel de vida, lo cual se puede deducir de la disminución del volumen de la circulación mercantil minorista, que se redujo de 30 979 millones de pesos en 2010 a 29 894 en 2014, un 3,5%, que resulta mucho mayor al considerar que esas cifras tienen incorporado el ilegal Impuesto de Circulación, que grava onerosamente el costo de adquisición de los productos y servicios de consumo.
El Impuesto de Circulación es una muestra de cómo las autoridades de la nación actúan al margen de la ley. Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios (MFP), declaró en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de diciembre de 2010, sin disimulo alguno: “El Impuesto de Circulación no quedó aprobado en la ley que hoy está vigente (…) Se quedó ese impuesto sin que estuviera aprobado en la nueva ley, por la capacidad recaudatoria que tiene” (Periódico Granma, 16 de diciembre de 2010), es decir, se mantuvo para otorgar la facilidad de sustraerles parte de los ingresos a la población sin nada a cambio.
Sobre el nivel de vida, vale la pena comentar la asombrosa declaración de Marino Murillo en mayo de 2015 cuando expresó: “Se ha comprobado que el 75% de los ingresos de la población se emplea en el agro” (Periódico Juventud Rebelde, 16 de mayo de 2015); no obstante el presidente del Banco Mundial Robert B. Zoeltick sostuvo: “los más vulnerables en el mundo gastan más de la mitad de sus ingresos en comida”, lo que coloca a la mayoría de la población cubana entre los parias de la humanidad.
Otro incumplimiento destacable es el de la construcción de viviendas. Durante el proceso de discusión de los Lineamientos, Marino Murillo expresó: “Hay en Cuba un déficit de más de 500 mil viviendas”, y añadió que “Todavía en el 2015 debe quedar un déficit en el orden de 200 mil” (Periódico Granma, 18 de diciembre de 2010), por lo que podía deducirse que se concebía construir la diferencia en el período y solo se llegó a 133 093. El incumplimiento fue del 55%. Aunque estas cifras no reflejan a cabalidad la situación alarmante de ese renglón, por ser en realidad la necesidad superior al millón de inmuebles, por esa fecha las que estaban en regular y mal estado ascendían a 1 303 491 según cifras oficiales, y como es comprobable –a ojos vista– no han dejado de deteriorarse en estos años, además de ocurrir eventos meteorológicos devastadores como el huracán Sandy en 2012.
Se puede destacar que las viviendas terminadas en 2007 ascendieron a 52 607 y al año siguiente fueron 44 775. En cambio para todo el período 2011-2015 se construyeron como promedio anual 26 619, una disminución considerable.
De capital importancia también es el sueldo, del cual dependen dos tercios de la población y, pese a que el Salario Medio Mensual creció modestamente desde 448 pesos (17,92 dólares) en 2010 a 600 (24 dólares en 2015), el propio Raúl Castro en sus conclusiones al XX Congreso de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) confesó: “No satisface todas las necesidades del trabajador y su familia , lo que genera desmotivación y apatía hacia el trabajo”, pero contradictoriamente se negó a proceder a un incremento generalizado de los mismos.
Mientras tanto, el segundo secretario del PCC, José Ramón Machado Ventura, se queja de forma reiterada del aumento de los precios agropecuarios, olvidando que ello guarda relación en buena parte con los elevados costos de los insumos para esta producción; y amenaza una y otra vez a los intermediarios con eliminarlos, ignorando que nunca van a estar a tono con los modestísimos ingresos de los trabajadores. Sin embargo no tiene en cuenta -porque no quiere hacerlo- la existencia de los abusivos precios en las Tiendas de Recaudación de divisas (TRD), varias veces por encima de su costo de adquisición y donde no se puede culpar a ningún intermediario sino al propio Estado, que es el que los fija; tampoco considera las ofertas del Estado en CUP, gravadas por el Impuesto de Circulación, que provoca que los precios se eleven muy por encima del costo de producción o adquisición. A esa campaña de Machado Ventura se sumó Raúl Castro en la última sesión de la ANPP, cuando los calificó como un grupo de pillos que se enriquecen todos los días y con los cuales habrá que tomar medidas.
Hay otro aspecto incumplido y es la incorporación al trabajo no estatal que la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza cifró en la sesión de la ANPP de diciembre de 2010, cuando informó: “Hasta el año 2015 se incorporarán al sector no estatal aproximadamente 1,8 millones de personas en las nuevas formas de gestión”, pero lo cierto es que los trabajadores no estatales solo se incrementaron hasta 2014 en 472 100. En alguna medida ha pesado también que a 43 000 usufructuarios, el 21,5% de los que se les habían entregado parcelas, se les rescindió ese derecho, según planteó Marino Murillo en el XI Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP); Machado Ventura amenazó con continuar retirándoselas si lo encontraban necesario.
El pasado 24 de enero se pudo apreciar, en el Noticiero de Televisión, una reunión con representantes de usufructuarios de Artemisa, que forma parte de un proceso que se desarrolla en todo el país para conocer qué produce cada uno y el destino de esas producciones, Machado Ventura dijo que no había la intención de quitarle la tierra a nadie, “pero al que no cumpla se le quita y no hay que perder mucho tiempo para eso”, agregando que toda la tierra era estatal, un aporte abusivo al concepto de propiedad. Al día siguiente el diario Granma introdujo algunas variaciones a lo que se pudo ver y oír por televisión, donde se indicó que Machado Ventura dijo que la tierra era en su mayoría propiedad del Estado.
Existen otros incumplimientos, como el de la progresiva eliminación del racionamiento que se ha detenido por razones obvias, ya que ante el incuestionable deterioro del nivel de vida de la población, sin tomar otras medidas necesarias –de rebajas de precios e incrementos de salarios–, se desencadenaría una situación más tensa aún.
Es posible que en el VII Congreso no se traten estos asuntos, como ocurrió en el VI, cuando se silenció lo ocurrido con la Resolución Económica del evento anterior, llena de incumplimientos. Así se escamotea la realidad como es ya costumbre de este régimen.
Arnaldo Ramos Lauzurique
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