Falta personal sanitario en hospitales y policlínicos, y el régimen pretende resolver la situación coercitivamente.
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El sistema de salud en la Isla presenta graves problemas de infraestructura, falta de equipamiento y personal médico debido, entre otras causas, a los bajos salarios de los profesionales y la consiguiente exportación de estos a distintos países.
El personal de la salud abandona su hogar a sabiendas del carácter leonino de los contratos establecido entre el Gobierno y otras naciones, donde el primero se queda con la mayor parte del pago por el servicio. Sin embargo, a raíz de la reforma migratoria puesta en vigor en 2013, los especialistas de salud han buscado distintas vías para abandonar Cuba mediante contratos individuales con clínicas privadas de Ecuador, Angola y otros países.
Ello ha provocado que en varios hospitales de la capital existan carencias de especialistas, cierre de consultorios o consultas en las policlínicas. Por ejemplo, según una doctora del Hospital Docente Julio Trigo, en ese centro asistencial no hay proctólogos ni neumólogos y el departamento de Microbiología permanece cerrado desde hace más de un año por falta de reactivos y todo tipo de equipamiento donde poder realizar análisis de laboratorio.
En el Hospital Nacional, ubicado en la barriada de Altahabana, perteneciente al municipio de Boyeros, la carencia de anestesiólogos ha conllevado que el único existente se dedique exclusivamente a atender casos de urgencia. Por otro lado, un médico del policlínico Julián Grimau de Arroyo Naranjo explica que en ese municipio existen 11 consultorios del programa Médico de la Familia cerrados y que las guardias médicas se han acortado de una frecuencia de seis o siete días a cuatro.
En otro centro tan vital para el país como el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, más de 40 especialistas (neurocirujanos, patólogos, físico-nucleares, entre otros) se han marchado desde 2013, debido a contratos o becas en el extranjero conseguidas de manera individual.
Todo ello ha disparado la alarma entre las máximas autoridades de salud, quienes han emitido un documento de 18 directivas donde de manera explícita se le orienta a los distintos departamentos del Ministerio de Salud Publica impedir la contratación individual de galenos cubanos con clínicas en el exterior o, en su defecto, tratar a toda costa de que se haga a través de la Comercializadora de Servicios Médicos de Salud Pública.
Entre las medidas más drásticas están las de retirarle el pasaporte oficial a todos los colaboradores que lleguen de vacaciones o terminen su misión a su arribo al aeropuerto (acápite 5). Otra de ellas es la promoción de expedientes de inhabilitación para trabajar como médicos en Cuba si violan algún requisito para salir legalmente del país (acápite 13). Y proponen revisar minuciosamente la terminación de los contratos de trabajo y ver si cumplen lo establecido en el Código de Trabajo (Acápite 9) o considerar como indisciplina de suma gravedad el "no cumplir los términos de aviso previo o no regresar en el tiempo establecido de las vacaciones programadas", lo cual puede conllevar a la separación definitiva del centro de trabajo (acápite 12). Otra medida es ubicar al especialista en un puesto de inferior categoría al que tenía si decide regresar fuera del tiempo establecido para sus vacaciones o licencia expedida (acápite 14).
En su labor totalmente violatoria de los derechos humanos de cualquier trabajador, el Ministerio de Salud Pública tiene planificado organizar de conjunto con el MINREX reuniones con los embajadores de los países más receptores de médicos "con el objetivo de discutir y desestimular la contratación individual en esos países" (acápite 16)
Asimismo, ya todos los jefes de misión y embajadores tienen la misión de discutir por vía diplomática con los ministros de Salud y Relaciones Exteriores de esos países las contrataciones independientes con especialistas cubanos. En estos momentos según el documento de Salud Pública están terminando de "depurar y concluir el proceso de inhabilitación de 211 profesionales que abandonaron su puesto de trabajo sin estar autorizados".
Irónicamente, a su vez tratan de buscar con este proceder alguna legitimidad ante organismos internacionales como la OIT, la OMS y OPS pues se llama a varios departamentos y ministerios a estudiar las regulaciones establecidas por estos centros en materia de migración de profesionales de la medicina, y el plazo fijado para ello era el 30 de marzo del año en curso.
O sea, el régimen estrecha el cerco sobre los profesionales de la salud y con estas medidas de fuerza intenta impedir la sangría de profesionales hacia el exterior. Se ha especulado que otra de las medidas gubernamentales es establecer nuevos contratos con los especialistas donde se les asigna un salario de 5.000 pesos cubanos mensuales con la condición de no abandonar el país en 3 años. Pero hasta ahora nada se ha dicho de manera oficial. Como siempre ocurre las medidas del castrismo, estas se encaminan a atajar las consecuencias y no las causas del problema: los salarios miserables de los médicos.
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