El control estatal sobre la venta del combustible dispara la tarifa de los “boteros”
En la piquera, los “boteros” aguardan por clientes (foto del autor)
MAYABEQUE, Cuba – Los transportistas privados que cubren la ruta entre el municipio Batabanó y La Habana duplicaron los costos de los pasajes en respuesta a una medida aplicada por el gobierno en Batabanó, dirigida a evitar que los cuentapropistas de ese sector adquieran en el mercado subterráneo el combustible que utilizan para trabajar, según informan varios “boteros” –transportistas privados– inconformes.
El transporte público en Batabanó aporta cuatro viajes diarios hacia La Habana –un recorrido aproximado de 84 kilómetros–, lo cual resulta insuficiente para la demanda del servicio. Las más de mil personas que a diario se desplazan hasta la capital, a trabajar, estudiar o acceder a servicios que no existen en su región de origen, generalmente se ven obligados a recorrer tal distancia sobre los “almendrones” –vehículos de fabricación norteamericana de la primera mitad del siglo XX–, u otros taxis y camiones privados.
Desde el día 16 de septiembre los propietarios de almendrones y Jeeps, donde se viaja un poco más cómodo, alzaron la tarifa de 30 pesos hasta 60 pesos. Los camioneros realizaron un incremento más fuerte, llevando el servicio de 10 pesos a 30 pesos, cuando el salario promedio en la isla se estima alrededor de los 585 pesos (unos 23 dólares).
En la piquera de la localidad El Calvario, en La Habana, los transportistas particulares que cubren la ruta hacia Batabanó aguardan por viajeros. Allí Manuel Tirso, conductor de una camioneta Ford, comunica que tuvieron que subir el precio a los pasajes para equiparar los desembolsos extras que ahora deben hacer para comprar petróleo.
La regulación implementada por el gobierno de Batabanó para los transportistas que operan en ese territorio, explica, implanta que solo podrán usar petróleo comprado en los puntos de venta de la estatal Cuba-Petróleo (CUPET). Los comprobantes de compra que emite la entidad se establecen como el único mecanismo que justifica la adquisición del combustible, y se fiscalizarán periódicamente según estime el gobierno local. Para garantizar que se cumpla la disposición, los inspectores del Ministerio del Transporte (MITRANS) y los Inspectores Generales Integrales realizan controles en las carreteras donde exigen a los conductores mostrar los comprobantes.
Gerardo Puy, quien trabaja a bordo de un Pontiac de 1951, expresó: “Mientras que en la calle (mercado negro) el petróleo se resuelve a 10 pesos el litro, en los CUPET cuesta cada litro 1,20 CUC (equivalente al dólar). Es más del doble, así que cuando termina el día tienes que invertir mucho más dinero. Encima de eso paga la patente, los ‘buquenques’ (gestores de viaje), algún que otro soborno también. Teníamos que defendernos, la alternativa que nos dejaron fue subir el precio de los pasajes”.
Argumenta Puy que resulta riesgoso internar burlar lo establecido con respecto a la adquisición del combustible, puesto que recibieron aviso de que, en caso de ser descubiertos, la primera vez serían multados con 1500 pesos. De reincidir, se impondría una multa superior y se puede retirar la licencia operativa de cuentapropista.
Hurgando en las causas que dieron lugar a la medida de control, este redactor visitó las instalaciones de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Batabanó. Una vez presentada la inquietud e identificado, la funcionaria de Atención a la Población negó cualquier información y pidió en tono áspero que abandonara la sede del gobierno territorial.
No obstante, las quejas de la población han forzado a las autoridades a ofrecer una explicación. Una vecina confirmó que en reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se dio a conocer que la medida surge para “hacer frente a las ilegalidades”.
Según su testimonio, una representación del gobierno explicó que la mayoría del combustible que estaban utilizando los “boteros” provenía de las asignaciones a los camiones, ómnibus y autos pertenecientes a las bases estatales de transporte, empresas e instituciones.
“Ahora quieren ponerle el cascabel al gato, cuando saben que esta situación existe desde hace mucho tiempo. Lo que más molesta es que sobre los precios (de los pasajes) dijeron que eso no era su culpa y que tampoco podían regularlo, que a quien teníamos que reclamar era a los boteros, que no usáramos sus carros o de lo contrario asimiláramos los nuevos precios”, destacó.
Algunas personas vinculadas al gremio de transportistas, a pesar de la rigurosidad del control, creen que esta será una situación temporal.
En la piquera de El Calvario, un “buquenque” que se hizo llamar Yoel señaló que la situación no perdurará. Opina que “poco a poco las cosas se van a ir acomodando y lo que va a pasar es que los boteros van a comprar en CUPET algunas veces para tener comprobantes por si los pide el gobierno. No van a declarar la cantidad de viajes que dan, y la mayoría del petróleo lo van a seguir comprando en la calle porque los inspectores, como siempre, se van a dejar sobornar”.
El “buquenque” lamenta que “lo jodido de esto es que cada cual se defiende a su manera, el gobierno aprieta el zapato y los particulares responden con sus armas. Pero el pueblo es quien paga todas las consecuencias y es el único que no tiene culpas de nada. Al final la soga siempre se parte por el lado más débil”.
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