Cuba: mecanismos ausentes en la ley de inversión extranjera
La ley No. 118 para la inversión extranjera es para paliar la situación económica que tiene el país, y no pensada para los cubanos de la isla.
julio 31, 2014
Cualquier cambio en lo económico y jurídico sin cambio político es solo estructural y no de esencia, expuso en el programa Cuba al Día la doctora María Elena Cobas Cobiella.
En la conferencia que desarrolla la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE) la doctora María Elena Cobas Cobiella, de la Universidad de Valencia, participa con la ponencia “La evolución del derecho civil cubano y la ley de inversión extranjera en Cuba; Un camino por recorrer”.
El objetivo de la ponencia de la investigadora es hacer un recorrido por la historia del derecho civil en los últimos 50 años y la ley de inversiones extranjeras, dijo la autora en el programa de Radio Martí. Ella considera la actual ley (No. 118) promulgada este año como copia de la ley de 1995 y donde no hay remisión al Código Civil cubano.
La nueva ley de inversiones está destinada a los sujetos extranjeros y cubanos “designados” para hacer inversiones, y la ley no está pensada para el nacional. La única opción para el nacido en la isla es ser cuentapropista, afirma la doctora Cobas. Y considera ella que la ley es para paliar la situación económica que tiene el país, y no pensada para los cubanos de la isla.
En Cuba perdura el sistema del control estatal y limitada la autonomía privada. En España, donde vive la investigadora, se puede alquilar los apartamentos y casas a cualquiera, en Cuba hay un control del Estado sobre la renta.
La ley es con el propósito de buscar inversiones de extranjeros, precisa, pero hay 20 veces en 60 artículos la palabra autorización, y
Está bien escrita, correcta, desde el punto de vista jurídico, pero el problema está en la práctica, y no se sabe si los inversionistas podrán retirar su dinero o cobrar, expresa Cobas Cobiella. Desde el punto de vista jurídico no están precisos los mecanismos, aun cuando se expresa que se puede ir a los tribunales, para proteger a los inversores.
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